El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional el decreto impulsado por el presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Con una votación de seis contra tres, la mayoría del máximo tribunal determinó que la medida contravenía la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza ese derecho a toda persona nacida en el país.
En la resolución, el presidente del Supremo, John G. Roberts, subrayó que la ciudadanía representa una garantía fundamental de derechos y recordó que la Decimocuarta Enmienda extendió esa protección a todas las personas nacidas en Estados Unidos. Los jueces conservadores Neil Gorsuch, Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra del fallo.
La decisión frena uno de los principales objetivos de la política migratoria de Trump, cuya orden ejecutiva, firmada el 20 de enero de 2025 al inicio de su segundo mandato, pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de padres que no fueran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes. Aunque la medida fue bloqueada por tribunales federales antes de entrar en vigor, el caso llegó hasta el Supremo, que mantuvo la interpretación histórica del principio de ciudadanía por nacimiento establecida desde 1898 en el caso United States v. Wong Kim Ark.
De haberse aplicado el decreto, más de 250 mil menores al año habrían quedado sin acceso automático a la nacionalidad estadounidense, con el riesgo de enfrentar situaciones de apatridia y de incertidumbre jurídica. La disposición también alcanzaba a hijos de personas con estatus migratorio temporal, incluidos turistas y trabajadores con visa.
Tras conocerse la sentencia, autoridades de California celebraron el fallo. El fiscal general Robert Bonta afirmó que la decisión demuestra que el presidente no está por encima de la Constitución, mientras que el gobernador Gavin Newsom sostuvo que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo una garantía constitucional que ha definido al país durante generaciones.
En la misma jornada, el Tribunal Supremo emitió otros dos fallos relevantes. Por una votación de seis a tres, autorizó a los estados a prohibir que atletas transgénero compitan en equipos deportivos femeninos en instituciones escolares y universitarias, al considerar que estas restricciones no violan la Constitución ni el Título IX de la legislación federal.
Asimismo, el alto tribunal eliminó los límites al gasto coordinado entre partidos políticos y sus candidatos en campañas electorales, al invalidar las restricciones establecidas por la Ley Federal de Campañas Electorales desde 1974.
Aunque estas dos resoluciones representan victorias para Trump, el balance del año judicial ha dejado importantes reveses para su administración. Además del rechazo a su intento por modificar la ciudadanía por nacimiento, el Supremo anuló previamente el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles globales y también rechazó su intención de restringir el conteo de votos por correo, manteniendo vigentes las leyes estatales que permiten contabilizar sufragios enviados antes del día de la elección aunque lleguen días después.
