La iniciativa ciudadana Ley Trasciende reavivó el debate sobre la muerte digna en México al plantear una reforma a la Ley General de Salud para reconocer la eutanasia como un procedimiento médico legal y voluntario. Mientras el Congreso mantiene pendiente su discusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza un caso que podría marcar un precedente sobre el derecho a decidir el final de la vida.
Impulsada por Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica terminal y lupus, la propuesta busca que las personas con enfermedades terminales o padecimientos irreversibles que les provoquen sufrimiento constante puedan elegir de manera libre y consciente cuándo y cómo concluir su vida. Bajo el lema “La dignidad no termina con la vida, la sostiene hasta el final”, la activista promueve que este derecho tenga reconocimiento a nivel nacional.
La iniciativa establece que solo podrán solicitar la eutanasia personas mayores de edad, con plena capacidad mental y un diagnóstico confirmado por dos médicos. El procedimiento requeriría una solicitud escrita, libre e informada ante un notario público, así como una ratificación posterior tras un periodo de reflexión de al menos cinco días. Además, contempla la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.
El proyecto también incorpora disposiciones sobre la voluntad anticipada para quienes puedan perder en el futuro la capacidad de expresar su consentimiento debido a enfermedades degenerativas, permitiéndoles dejar asentada previamente su decisión y designar a un representante que haga valer su voluntad.
La propuesta precisa que la eutanasia no sustituye los cuidados paliativos, por lo que las personas que opten por este procedimiento conservarían el derecho a recibir atención médica integral. Asimismo, reconoce la objeción de conciencia para el personal de salud, aunque obliga a las instituciones públicas a garantizar profesionales dispuestos a realizar el procedimiento y a canalizar al paciente en un plazo máximo de 48 horas. También plantea que la Secretaría de Salud capacite al personal médico, supervise la aplicación de la ley y asegure el acceso a los medicamentos necesarios.
En medio del debate, la iniciativa distingue claramente entre eutanasia, suicidio asistido y voluntad anticipada. Mientras la eutanasia implica la intervención directa de un profesional de la salud para provocar la muerte del paciente, el suicidio asistido consiste en que la propia persona realiza el acto final con apoyo médico. La voluntad anticipada, en cambio, permite decidir con anticipación sobre la aceptación o rechazo de tratamientos que prolonguen la vida, figura que ya está reconocida legalmente en al menos 14 entidades del país.
La Ley Trasciende ha recibido respaldo de legisladores de distintos partidos, así como de organizaciones que promueven el derecho a una muerte digna. Sin embargo, también enfrenta oposición de asociaciones médicas, grupos civiles y sectores religiosos, que consideran prioritario fortalecer los cuidados paliativos y advierten sobre las implicaciones éticas y jurídicas de legalizar la eutanasia.
Paralelamente, la Suprema Corte analizará el amparo en revisión 147/2026, promovido por una tanatóloga diagnosticada con cáncer de mama, quien impugna la prohibición vigente de la eutanasia. Aunque el caso no implica su legalización inmediata, representa la primera ocasión en que el máximo tribunal estudiará de fondo este tema, con la posibilidad de establecer un precedente relevante para el reconocimiento del derecho a decidir sobre el final de la vida en México.
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