La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019, por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados durante mayo y junio, movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar e incluye acusaciones por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Las investigaciones señalan que Morales habría tenido relación con las protestas impulsadas por sectores campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), quienes durante siete semanas realizaron bloqueos principalmente en regiones del occidente y centro del país, bajo la exigencia de la salida del mandatario boliviano.
Los bloqueos ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades, además de dejar un saldo de al menos 16 personas fallecidas, la mayoría por dificultades para recibir atención médica debido a los cortes de vías. Las autoridades estimaron pérdidas económicas superiores a los 3 mil millones de dólares.
La denuncia contra Morales fue presentada inicialmente por dirigentes cívicos de Santa Cruz, posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. El proceso también contempla acusaciones contra el dirigente de la COB, Marco Argollo, y el líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva por una investigación relacionada con los mismos hechos.
El expresidente ha rechazado las acusaciones y negó haber promovido la renuncia de Rodrigo Paz. Morales afirmó que las movilizaciones tenían como objetivo exigir respuestas gubernamentales a las demandas de los sectores participantes. Sin embargo, previamente señaló que el mandatario tenía como alternativas “militarizar” el país o convocar a elecciones anticipadas.
Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores movilizados, el presidente Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio, medida que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército para retirar los bloqueos y restablecer el tránsito en las carreteras.
Además de esta nueva investigación, Evo Morales enfrenta otro proceso judicial relacionado con una acusación por trata agravada de personas, derivada de una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato presidencial. El exgobernante permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona considerada su principal bastión político, acompañado por seguidores que buscan impedir su detención.
En mayo pasado, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio por este caso y emitió una nueva orden de captura, cuya ejecución permanece pendiente por parte de las autoridades.
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