En una maratónica sesión a puerta cerrada que ya supera las 14 horas de desarrollo, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega encabeza la audiencia de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete personas más, señalados por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.
La diligencia, que se lleva a cabo mediante videoconferencia, dio inicio antes de las 20:00 horas del martes y continúa sin que hasta el momento exista un reporte oficial sobre posibles recesos. Fuentes judiciales no descartan que la sesión pueda prolongarse por más de 24 horas debido a la complejidad del expediente.
Durante la jornada, la defensa de los ocho imputados busca rebatir un sólido paquete de 100 datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR). Según las investigaciones de la FGR, los acusados formarían parte de la estructura de contrabando de hidrocarburos —conocido como huachicol fiscal— más grande detectada en el país, la cual habría generado un quebranto al erario superior a los 4 mil millones de pesos.
La decisión procesal y las penas que enfrenta
Una vez que concluya el debate entre las partes, la jueza determinará si existen elementos jurídicos suficientes para vincular a proceso a los detenidos por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
En caso de que el proceso avance, se llegue a la etapa de juicio y se dictamine un fallo condenatorio, el panorama legal para el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México (1989-1994) sería sumamente grave:
- Por delincuencia organizada (con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos): de 12 a 17 años de prisión.
- Por contrabando de combustible: de 3 a 9 años de cárcel.
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