La diputada Tere Calzada Rovirosa, coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Querétaro, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Ambiental del Estado, con el propósito de regular el uso de pirotecnia y reducir sus efectos en la salud, la seguridad de la población y el medio ambiente.
La propuesta, desarrollada en coordinación con la diputada federal Laura Ballesteros, plantea que los espectáculos con pirotecnia no sean eliminados, sino que estén sujetos a mayores medidas de prevención y control. Entre ellas se contempla que los eventos públicos que pretendan utilizar estos artificios cuenten previamente con un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para evaluar sus posibles impactos ambientales y acústicos.
De acuerdo con la legisladora, la quema de pirotecnia genera partículas PM2.5, monóxido de carbono y residuos de diversos metales que permanecen en el ambiente después de las detonaciones. También señaló la necesidad de revisar el uso de sustancias empleadas en estos productos debido a los riesgos que representan para la salud.
Otro de los aspectos considerados en la iniciativa son las afectaciones que provocan los estruendos en personas con trastorno del espectro autista o hipersensibilidad al ruido, así como en familiares y personas cuidadoras. También se advierte sobre el impacto de las detonaciones en perros, gatos, aves y fauna silvestre.
La propuesta incorpora además el tema de Protección Civil, al considerar los accidentes registrados por el manejo y almacenamiento de pirotecnia. Según los datos expuestos por la diputada, entre 2003 y la fecha se han registrado 649 accidentes relacionados con estos productos en México, con más de 2 mil personas lesionadas y cerca de 500 fallecimientos.
En el caso de Querétaro, Calzada Rovirosa recordó accidentes ocurridos en distintos municipios, entre ellos el registrado el pasado 15 de mayo en Landa de Matamoros, donde dos adultos mayores resultaron lesionados, así como la explosión de 2018 en Fuentezuelas, Tequisquiapan, que dejó ocho personas fallecidas y más de 50 heridos durante una celebración religiosa.
Ante este panorama, la iniciativa también plantea reforzar la vigilancia sobre los permisos para el manejo de explosivos y combatir la venta ilegal y el almacenamiento irregular de pirotecnia, además de impulsar alternativas tecnológicas que permitan realizar espectáculos con menores riesgos para las personas, los animales y el entorno.
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